Editorial
UNITARIOS Y FEDERALES: DICOTOMÍA HISTÓRICA Y AMBIENTAL
Durante el proceso de independencia del Río de la Plata y los años de organización nacional que le siguieron, se desarrollaron dos tendencias políticas opuestas: federalismo y centralismo, que dieron lugar a la aparición de dos bandos: federales y unitarios. La lucha entre federales y unitarios estuvo presente durante los primeros cincuenta años de vida de lo que hoy es Argentina.
Las posiciones de los unitarios y de los federales representaron formas opuestas de organizar las relaciones entre las distintas provincias que integraban el nuevo Estado Nacional. Si bien la revolución surgió frente a la tradición colonial que había concentrado el poder en el monarca, una vez libres del control español empezó el choque de intereses entre aquellos que habían luchado juntos.
Por un lado, algunos consideraban que lo mejor era que una provincia tuviera el control sobre las otras. A este pensamiento se le llamó centralismo o unitarismo. Ese grupo predominaba en Buenos Aires, aunque también tenía seguidores en las provincias. Los unitarios o centralistas pretendían que toda la actividad económica y la vida política estuvieran reguladas desde la capital. Esa posición se basaba en la tradición virreinal y en el control del puerto. El partido federal era más variado. Básicamente, sus integrantes tenían en común la oposición al centralismo porteño. De todas maneras, se los puede definir como partidarios de que cada provincia conservara su autonomía y pudiera regirse libremente, aunque formara parte de una unidad mayor.
Federales y Unitarios se enfrentaron durante casi cincuenta años, incluso después de que se conformaron las Provincias Unidas y los Federales controlaran Buenos Aires. Los caudillos de las distintas provincias entendían de diferente manera el modo en que debía aplicarse el modelo federal y eso provocó divisiones internas. Finalmente, el sistema adoptado por la República Argentina en la década de 1860 fue el federal, pero con limitaciones que aseguraron cierto predominio de su capital.
Esta histórica y actual dicotomía entre centralismo y federalismo, siempre se centró en aspectos económicos y políticos, pero rara vez expandió su mirada hacia otros temas del quehacer nacional como el ambiental. Está claro que los temas ambientales son esencialmente económicos y esa omisión es quizás una de las principales causas que hace a la limitada relevancia que se le da a las cuestiones ambientales, aparentemente alejadas de cualquier tema trascendente que hace al ejercicio del poder y a la economía de los ciudadanos distribuidos por la extensa superficie de nuestro país. Sin duda un error importante de apreciación sobre la importancia de los temas ambientales en la geopolítica de un país.
Todas las leyes de carácter ambiental que han sido sancionadas en los últimos años o que están en proceso de serlo, son esencialmente leyes que hacen a la economía del país y de las provincias directamente involucradas. Ello ocurre con la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos, la Ley de Glaciares y las discutidas leyes de Humedales, de Biodiversidad y de Áreas Protegidas. El cumplimiento de cada una de ellas implica fuertes restricciones o condicionamientos de las actividades económicas de las provincias, principalmente sobre aquellas actividades de carácter productivo (minero y/o agropecuario). Y justamente por ese motivo, sus implicancias están asimétricamente distribuidas por la geografía nacional. Sin duda, en estos temas la pasada controversia entre Unitarios y Federales continúa en plena vigencia.
Las provincias “centrales” de nuestro país, es decir aquellas cercanas a los puertos (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe), son las que tradicionalmente más han aprovechado las bondades de estar cerca de las importantes vías fluviales de la Cuenca del Plata. Además, son las provincias beneficiadas por una mayor disponibilidad de tierras planas de elevada aptitud agrícola y precipitaciones adecuadas y relativamente confiables. Por supuesto, los espacios sobre los que asientan sus actividades productivas han sido trasformados hace décadas, en una época en que ello era social y ambientalmente aceptable. Estas provincias centrales son justamente las que muestran valores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) comparativamente más bajos, inferiores al 7% en promedio. Son también las provincias donde sus habitantes gozan de mayor usufructo de la disponibilidad energética. Por ejemplo, estas cuatro provincias en conjunto acumulan el 70% de la demanda energética de electricidad. Por supuesto, son además las provincias con mayor población, en parte por la inmigración desde el interior del país en busca de mejores oportunidades de vida.
Las provincias del “interior”, particularmente aquellas del Norte Grande, poseen en cambio valores de NBI mucho más desfavorables (18% en promedio), casi triplicando los valores centrales. Del mismo modo, estas provincias registran un nivel considerablemente menor de demanda energética, sumando en conjunto alrededor del 10% del consumo nacional de electricidad.
Uno pensaría que las mejores condiciones relativas de las provincias centrales, que entre otras cosas posibilitarían un mayor y más temprano desarrollo de la “intelectualidad”, se corresponden con mayores posibilidades y compromisos en materia de protección ambiental. Sin embargo, el resultado es claramente el opuesto al pensado, al menos en cuanto a implicancias directas en sus propios territorios provinciales. Por ejemplo, las provincias centrales (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe), en promedio tienen menos del 7% de su superficie provincial bajo algún régimen efectivo de áreas protegidas. Las provincias del interior (Salta, Chaco, Misiones, Santa Cruz, Jujuy), sin duda han realizado una contribución mucho más importante a la protección de los bienes y servicios ambientales, llevando este porcentaje a más del 15% en promedio de sus respectivas superficies provinciales. Es decir, las provincias del interior duplican los valores conservacionistas de las provincias centrales. Incluso en términos de superficie neta, las tres provincias centrales, que son de gran tamaño, suman en conjunto unos 4 millones de hectáreas protegidas, en tanto que tres provincias del interior de similar tamaño (Salta, Santa Cruz y Río Negro), suman en conjunto 7.2 millones de hectáreas protegidas, es decir casi el doble de superficie neta protegida.
La Convención sobre Diversidad Biológica, Convención Internacional a la que Argentina adhirió oportunamente, recomienda proteger al menos el 17% de la superficie de un país, distribuido idealmente este porcentaje entre las distintas ecorregiones o biomas. En ese sentido, sólo seis provincias del interior (Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones, Catamarca, San Juan) alcanzan o superan ese porcentaje, acumulando en conjunto 10.5 millones de hectáreas protegidas, es decir el 50% del total de la superficie protegida del país!
Los cinco biomas más protegidos son justamente los correspondientes a ecorregiones incluidas completamente en provincias del interior, como los Bosques Andino Patagónicos (35.7%), la Selva Paranaense (17.8%), el Iberá (32.5%), las Yungas (31.8%), y la Puna más el Altoandino (21%). En tanto, los ecosistemas más asociados a las provincias centrales, como las Pampas y el Espinal, no superan el 1% y 0.6% protegido, respectivamente. La salvedad es la ecorregión chaqueña, que se comparte entre provincias centrales y del interior, donde el porcentaje de protección apenas alcanza el 3.5%. Sin duda no tenía buenas aptitudes históricas para la agricultura intensiva, ni representaban territorios de ocupación estratégica para el país en el pasado.
La reforma de la Constitución del año 1994 reconoció el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. Sin embargo, como los compromisos ambientales internacionales los toma el Gobierno Nacional, éstos compromisos se han ido cargando principalmente hacia las provincias del interior, implicando más limitaciones para el desarrollo productivo y la potencial implicancia en materia de desarrollo local. El primer paso para abordar esta temática a escala nacional es reconocer esta realidad y entender que las demandas de mayores compromisos ambientales (menor deforestación, protección de glaciares y ambientes aledaños, reducción del impacto de las actividades agropecuarias sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, etc.) impactan e impactarán principalmente sobre las provincias que más desarrollo necesitan y reclaman. En ese sentido, podemos decir que existe una deuda de las provincias centrales sobre las del interior por los bienes, servicios y potencial imagen ambiental que generan, sin que haya un esfuerzo equivalente de reparación histórica o al menos un claro reconocimiento en materia ambiental.
Un avance en esta materia es el Fondo contemplado por la Ley de Protección de los Bosques Nativos, al presentar un esquema potencialmente adecuado dado que se financia con las exportaciones agropecuarias, de las cuales las provincias centrales aportan la mayor parte, para ser utilizado en la protección y manejo de los ecosistemas forestales ubicados mayormente en las provincias del interior (Salta, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones). La mala noticia es que el Gobierno Central solo está otorgando recursos financieros por menos del 10% de lo que la Ley contempla.
Las provincias del interior tienen mucho para ofrecer en materia ambiental, pero ello implicará mayores recursos económicos que el país en su conjunto debe asumir, para que nuestras exportaciones se ganen un lugar destacado en el mundo, no sólo por la reconocida calidad de sus productos agropecuarios, sino también por el compromiso ambiental y social que las mismas implican. En ese sentido, las provincias del interior estarán realizando un importante aporte a la valoración de la producción de Argentina en el mundo, aporte que debe ser justipreciado por todos los argentinos, para que el dilema entre “Unitarios y Federales” sea parte del pasado y podamos pensar en una Argentina productiva y ambiental, federalmente hablando…
Alejandro D. Brown, Fundación ProYungas.