Alejandro Diego Brown, Fundación ProYungas
Corría el año 2002, los diarios nacionales y del Norte Grande se transformaban en amplificadores de una problemática ambiental de envergadura inédita: los desmontes. Ello ocurría por el incremento vertiginoso del cultivo de la soja, impulsada por los precios internacionales motorizados por una demanda inédita de los mercados globales de la oleaginosa de origen chino y genéticamente modificada. La “Pampa” sinónimo antaño del pastoreo ganadero por espacios infinitos, daba lugar a un cultivo extensivo y el ganado empezaba a moverse hacia tierras hasta entonces marginales en su producción. En pocas décadas Argentina pasó de un par de decenas de miles de hectáreas sembradas con soja, a las actuales 17 millones de hectáreas, casi la mitad de la superficie agrícola del país.
Este “boom” de expansión agrícola generó preocupación en el ambientalismo que inició una cruzada contra tal expansión, fundamentalmente en el Norte Grande donde implicaba desmontes, no sólo por la expansión de la soja, sino también del ganado “expulsado” de sus praderas naturales y que encontró en el norte un lugar excelente para su intensificación, dejando de lado la tradicional y criolla “ganadería de monte” de baja productividad y deficiente genética, para los tiempos que corren, donde el creciente urbanismo mundial y nacional reclama carne de muy alta calidad, sin considerar el costo ambiental de ello.
En esos tiempos, un ingenio azucarero jujeño (el ingenio Ledesma) planeaba expandir su cultivo de caña de azúcar en unas 2.000 hectáreas. Un cultivo que obviamente no tiene nada que ver con la soja, pero el tamaño empresarial, su ubicación en las “Yungas jujeñas”, sus productos (azúcar y papel) expuestos en góndolas de supermercados, y su dueño conocido en los círculos de poder, lo hacían particularmente atractivo para una campaña nacional de “escrache” y visualización de la problemática ambiental nacional. El ingenio Ledesma tenía la autorización legal para avanzar en su proyecto, pero evidentemente carecía de la “licencia social” para operar en las circunstancias de aquel momento. El proyecto se circunscribía a un espacio territorial denominado “Sauzalito”, una franja de Selva Pedemontana de las Yungas que daba continuidad biológica a las Yungas del Norte con las Centrales. El “último puente” en la jerga publicitaria ambiental de entonces.
Esta exposición pública masiva implicó que la Empresa modificara su plan original y ello redundó en el primer Plan de Ordenamiento Predial del país, e implicó el inició de lo que luego fue la “Ley de Protección de Bosques Nativos” de incumbencia sobre más de 30 millones de hectáreas en todo el país. No se pudo avanzar con la ampliación de los cultivos en Sauzalito, donde la presión ambiental impuso que la zona sea considerada como una “Reserva Ecológica” por sus altos valores de calidad y conectividad biológica.
La realidad es que 20 años después de esta disputa, la selva de Sauzalito ha sido arrasada por enormes incendios regionales que implicaron la quema de miles de hectáreas y su riqueza forestal ha sido víctima del saqueo ilegal de muchos de los casi doscientos aserraderos de la zona que fundamentalmente se nutren de madera con este origen ilegal, sin que el Estado y las organizaciones ambientales, otrora preocupadas por su conservación, hayan hecho algo al respecto.
La lección que nos surge de esta experiencia vivida en primera persona, es que si pretendemos garantizar la persistencia de valores ambientales sobresalientes en contextos dominados por actividades humanas, debemos hacerlo en íntima convivencia con las prácticas productivas que a través de la presencia humana cotidiana y comprometida con la persistencia de los retazos de naturaleza, aseguren el control de las presiones de su entorno, como lo hemos comprobado a partir de casi dos décadas de monitoreos permanentes de la biodiversidad adosados a los espacios productivos en la zona. Por lo contrario, las fuerzas antagónicas dominan la región, y la desidia, el cálculo político y las acciones ilegales prevalecen en la escena y la naturaleza es la principal perdedora, aunque si le damos la oportunidad puede restablecerse.
Ahora nos queda revertir este proceso de degradación y para ello es necesario un nuevo contrato político y social en la región, basado en el derecho, en la efectiva y comprometida articulación institucional y en la honestidad de las intervenciones y vínculos locales.
