Editorial
La protección de los bosques nativos de Argentina: la deforestación no es el problema…los ambientalistas tampoco!
Cada vez más se escucha que la deforestación es la madre de muchos de nuestros males, sobretodo en el Norte Argentino, el denominado “Norte Grande” que incluye a las 9 provincias norteñas. “Deforestar es asesinar” dice la ONG ambientalista Greenpeace, concepto que va paulatinamente imponiendo, con insistencia, mediante imágenes desgarradoras, y pronósticos agoreros sobre nuestro futuro próximo. También se dice que “ninguna agricultura puede ser considerada sostenible si se realiza a costa de la deforestación” o que “Deforestar no es sinónimo de desarrollo”. Ello se dice en respuesta al reclamo de muchos productores, políticos y periodistas del norte argentino que manifiestan, muchas veces exageradamente, que la aplicación de la “Ley de Bosques Nativos” genera inmovilidad productiva y que obligó a través de una Ley de Presupuestos Mínimos, a las provincias, dueñas constitucionales de los bosques en sus respectivas jurisdicciones, a realizar un ordenamiento territorial que zonifique los bosques en distintas categorías de conservación (Rojo: protección absoluta; Amarillo: manejo sustentable del bosque; y Verde: posibilidad de transformación en agro-ecosistemas), lo que representa sin duda una limitación al uso, a favor de un bien común: los bosques nativos.
La realidad histórica es que el crecimiento productivo, el desarrollo de infraestructura, la instalación y crecimiento de ciudades, ha necesitado de la transformación de los sistemas naturales, y en particular en el caso del norte argentino, cuyos sistemas naturales son sobre todo bosques, de la deforestación. Prácticamente nada de lo que ocurre en gran parte de las provincias norteñas se hubiera logrado sin ganarle espacio a los bosques nativos (lo mismo podemos decir de EEUU, Europa o del sudeste asiático). Ni las ciudades, ni los cultivos agrícolas, ni las extensiones de ganadería intensiva, ni las plantaciones forestales, ni las rutas se hubieran establecido sin transformar bosques. Incluso, actividades tradicionales de menor intensidad y escasa innovación tecnológica, como la “ganadería de monte”, se realizan a expensas de importantes procesos de degradación y pérdida de biodiversidad, sobre extensiones muy importantes de bosques, particularmente en la región chaqueña. Por lo tanto, denigrar el concepto “desmontar” es también denigrar el proceso histórico de colonización y crecimiento económico de una parte importante de nuestro país. Mientras tanto el concepto de “Deforestación Cero” va ganando cada vez más adeptos, sin que ello por sí mismo, sea la solución a los problemas de conservación de los bosques en el país. En la mayoría de los casos simplemente es “mirar para otro lado”.
Es de público conocimiento que cada vez que hay una catástrofe ambiental, como inundaciones y aludes ocasionados por lluvias torrenciales, e incluso sequías intensas, si la región estuvo antaño cubierta de bosques se culpará en forma directa a la deforestación. Si la región en cambio, estuvo naturalmente despoblada de bosques, se buscarán otras causas, por ejemplo la lluvia intensa, la pendiente, el suelo…Cambios abruptos de la matriz vegetal (natural y cultivada) genera cambios en la dinámica hídrica que es necesario manejar.
Para colmo de males el Cambio Climático tiene a la deforestación como una causa importante (30%) de emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI). Pero no debemos olvidar que los países industrializados (como EEUU, China y Europa) son los grandes aportantes de GEI, en tanto Argentina contribuye con el 0.9% de las emisiones globales!. Para el Gobierno central argentino es más fácil concentrar sus compromisos climáticos internacionales y su correspondiente política de reducción de emisiones, en frenar la deforestación en el norte del país (responsable de menos del 20% de las emisiones argentinas), que en reducir, el relativamente elevado consumo energético industrial y per capita de los ciudadanos de las grandes ciudades (responsable del restante 80%). En cierta medida el norte se debe hacer cargo del consumo energético o de las emisiones del centro del país! A cambio de qué?…
Es importante destacar que las provincias que actualmente lideran los procesos de deforestación (Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa) son también las provincias con niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) más altos, lo cual pareciera ser la prueba acabada de la frase “desmontar NO es desarrollar”. Sin embargo, también es cierto, en una mirada completamente opuesta, que las provincias que se encuentran mejor económicamente son las que presentan una gran parte de sus territorios transformados (Bs As, Córdoba, Santa Fé). Eso sí, lo hicieron hace mucho tiempo y hoy pensamos que los agro-ecosistemas pampeanos (derivados de la transformación de extensas e importantes superficies de pastizales naturales) estuvieron ahí desde siempre. También es verdad (vaya paradoja) que estas provincias más desarrolladas económica y socialmente, son las que menos han invertido en protección efectiva de la biodiversidad a través de áreas protegidas (menos del 1% de su territorio en promedio). Por el contrario, las provincias estigmatizadas como destructoras de la naturaleza protegen por lejos, un mayor porcentaje de su superficie (más del 20% de su territorio en promedio) y adicionalmente aún conservan estas últimas, gran parte de su territorio cubierto de sistemas naturales. Sin embargo también, hay que poner en relieve que en estos procesos de habilitar áreas boscosas para la producción agropecuaria, casi el 50% en algunas provincias, ocurre de manera irregular y en muchos casos directamente ilegal, es decir sin autorización ni estudio de impacto ambiental alguno, hecho sin duda repudiable y que debe ser corregido.
Es importante aclarar que el desarrollo económico regional no es sinónimo de grandes extensiones de monocultivos de soja o de cría intensiva de ganado (que generan pocos empleos relativos e impuestos de administración nacional), que a su vez y en muchos lugares han desplazado poblaciones rurales aborígenes y campesinas desprotegidas.
También son importantes las políticas de distribución de ingresos, la diversificación productiva, el desarrollo de complejos agroindustriales que aumenten el valor de las materias primas y generen empleos de calidad, el fomento a las economías regionales, la regularización de tierras rurales, el acceso universal a educación y salud de calidad, una carga impositiva que considere los costos del flete a los puertos de exportación, etc., etc.
En síntesis, la deforestación en sí misma no es el problema, y los ambientalistas que la denuncian, tampoco, sin duda esta discusión está más allá de la confrontación blanco y negro. Argentina requiere de más y mejor producción, pero la misma debe contribuir también en forma directa a la protección del importante patrimonio natural que tiene nuestro país. El problema no es entonces “deforestar”, el problema es que en paralelo no existe una política activa, de equivalente magnitud territorial, para proteger los bienes y servicios ambientales de los que depende muchas veces la propia producción y que nuestra Constitución proclama como el “derecho a vivir en un ambiente sano”. En ese sentido, los ambientalistas son sólo mensajeros de los importantes enunciados que nos está dando el mundo, sobre los hábitos de los consumidores ambientalmente más comprometidos y sobre las crecientes exigencias ambientales que están teniendo los grandes compradores de materias primas y sus derivados. Exigencias que debemos considerar si queremos seguir creciendo en exportaciones, lo que se ve desde el Estado como indispensable para alcanzar el ansiado “equilibrio fiscal”.
Para conservar la naturaleza en general, y nuestros bosques nativos en particular (como los restantes ecosistemas naturales), es necesario tener un país con instituciones técnicas fuertes y normativas legales que se cumplan efectivamente, en un contexto de armonía y justicia social que asegure la necesaria transparencia en los actos públicos y privados. Ello requiere en gran medida del crecimiento económico, que entre otras cosas demanda la ampliación de la frontera agropecuaria, lo cual debe ocurrir bajo criterios de sustentabilidad económica, social y ambiental. En este sentido la Ley de Bosques es una herramienta importante, pero que debe profundizarse, mejorando su implementación. El “cuello de botella” es sin duda la forma en que los ordenamientos territoriales se “bajan” a la escala de los predios rurales. Para ello es imprescindible la mirada a escala de paisaje (o cuenca) en donde es posible conjugar el desarrollo productivo intensivo con la conservación de los bienes y servicios de la naturaleza, incluidos nuestros bosques nativos, fuente de recursos económicos aún subvaluados en nuestro país. La lección que nos muestra el mundo es que con desarrollo económico y planificación territorial adecuada, los bosques volverán a renacer donde sea necesario, para disfrute de las futuras generaciones.
Alejandro Diego Brown, Fundación ProYungas